Cuando algo se rompe
Ante todo, nuestra solidaridad con el profesorado, las
familias y el alumnado afectado y el sentimiento de luto compartido.
También un sentimiento de rabia porque algo se ha roto en la
educación de nuestro país.
En una realidad social golpeada por la crisis donde se han
agravado problemas no sólo económicos sino también sociales, estos entran por
la puerta de escuelas e institutos cada mañana. Los centros educativos no somos
islas –ni nunca lo hemos sido-, sino que estamos inmersos en el clima de
tensión social que se vive. Los gobiernos de turno, central o catalán, no dan
respuesta a esta problemática social, sino que al contrario, cuentan que lo
peor ha pasado y miran para otro lado.
Pero además, con sus políticas educativas, también impiden
que los centros puedan apaciguar estas tensiones. Reducciones en los Equipos De
Atención Pedagógica, en los psicopedagogos y departamentos de orientación, en
las Unidades de Apoyo a la Educación Especial (USEE)… Reducciones en los
tiempos para establecer diálogos con alumnos y familias por parte de
profesorado sobrecargándolo de horario lectivo, supresión de refuerzos y
atención individualizada, incremento de ratios... todo para reducir plantillas.
Instrucciones –más o menos explícitas- desde hace tres años del Departamento de
Enseñanza a los equipos que tienen que diagnosticar alumnos con alguna
problemática, que no elaboren otros dictámenes que los del alumnado que se
tiene que derivar a las Unidades de Educación Compartida (UECs) y/o a las
Unidades de Apoyo a la Educación Especial (USEE), desaparición de programas de
formación... Son estas políticas las que han acabado de romper hoy la convivencia
en nuestras escuelas, las que los gobiernos justificaban diciendo que «Con
menos haremos más” y que ponen en riesgo la integridad física del alumnado y la
del profesorado o de cualquier miembro de la comunidad educativa.
Que no quieran eludir las responsabilidades hablando de
“seguridad” o de “seleccionar alumnado”. Los centros no tienen que ser
prisiones y tienen que poder garantizar el derecho universal a la educación:
tienen que ser espacio de convivencia y aprendizaje. Y para serlo, hacen falta
unos medios que los Gobiernos nos niegan.
Por eso, esperamos acordar a la brevedad una fecha para
hacer patente esta indignación ante el Gobierno que es quien tiene en sus manos
el poder de devolver a los centros educativos los recursos humanos y materiales
necesarios para recuperar la convivencia. El esfuerzo de los profesionales va
por delante, y hoy, una vez más ha quedado demostrado.
Barcelona, 20 de abril de 2015.
